Paddy Woodworth

Terrorismo es un término harto problemático y altamente saturado de tensiones aunque, en mi opinión, su característica esencial puede ser definida de manera bastante sencilla:

Terrorismo es el uso de la violencia con fines políticos, en un contexto donde las libertades democráticas fundamentales-el gobierno de la ley y la libertad de expresión, asociación y representación-están vigentes, no importa con que imperfección.

Con excepción de los pacifistas, se acepta en general que el uso de la violencia pueda ser justificado cuando tales libertades son revocadas por el Estado. Si se rechaza la opción pacifista (que no debería desecharse de buenas a primeras), el debate sobre el uso o no de la violencia, cuando las libertades democráticas son suprimidas, no es una cuestión ética, sino táctica o estratégica. 

La cuestión que los defensores de la violencia contra las dictaduras tienen que plantearse es si las acciones violentas serán capaces o no de facilitar la llegada de la democracia en un periodo significativamente más corto que con el uso exclusivo de la resistencia pacífica, o si tales acciones podrían, por el contrario, facilitar la consolidación de los regímenes no-democráticos y el mantenimiento de su posición.

Por supuesto, la mejor respuesta a esta cuestión puede variar en el tiempo bajo el mismo régimen. La Izquierda Rusa bajo el Zarismo, por ejemplo, se encontró a menudo dividida en este asunto, con organizaciones adoptando diferentes posturas dependiendo de la coyuntura política precisa. Tampoco es extraño que un grupo izquierdista acuse a otro de “terrorismo” cuando hace uso de la violencia en un determinado momento, o de una determinada manera que el primer grupo considera contraproducente.  

Esto nos lleva a otra faceta de la definición: el tipo de violencia empleada y, especialmente, la disposición a arriesgar, o incluso a causar deliberadamente víctimas civiles. A menudo, las acciones indiscriminadas suscitan, convincentemente,  acusaciones de terrorismo contra los autores. Para muchos observadores, la distinción entre objetivos “legítimos” e “ilegítimos” es la frontera entre violencia política justificada y terrorismo, incluso aunque la violencia se emplee para causas virtuosas. El fin no justifica los medios. 

Tomemos el caso del apartheid en Sudáfrica. La violencia del Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés) bajo tales extremas condiciones antidemocráticas no puede considerarse más terrorismo que las acciones de la Resistencia en la Francia ocupada por los Nazis. Sin embargo, mientras un ataque selectivo del ANC sobre las fuerzas armadas del apartheid no sería calificado de terrorismo, un ataque indiscriminado con una bomba realizado por la misma organización en un bar repleto de civiles podría merecer esta enredosa denominación. El asesinato de un civil partidario del apartheid se encuentra en un área más ambigua entre estos dos ejemplos tan claros.

De igual manera, en el caso de la España franquista, aunque se pudiera estar en desacuerdo con la decisión de ETA de lanzar una campaña armada contra la dictadura, por razones estratégicas o tácticas, el asesinato de Carrero Blanco, primer ministro de Franco y destinado a ser su sucesor, no debería ser considerado un acto terrorista. Sin embargo, el ataque a la Cafetería Rolando en Madrid durante el mismo periodo, causante de la muerte y heridas de numerosos civiles, fue rechazado ampliamente incluso entre las bases seguidoras de ETA. Esta es probablemente la causa por la que ETA nunca se atribuyó la responsabilidad de esta acción, aunque su autoría, o al menos su co-autoría, es casi una certeza. El grupo podría haber alegado que el bar era frecuentado por policías franquistas, incluidos conocidos torturadores. (Para clarificar, teniendo en cuenta la definición anterior, los etarras que continuaron empleando la violencia después de que España se convirtiera en una democracia, no importa lo imperfecta que fuera, pueden ser legítimamente considerados terroristas). 

Se debe subrayar, sin embargo, que el punto de vista que considera que causar víctimas civiles es un elemento definidor del terrorismo crea un dilema muy problemático para los gobiernos democráticos preparados para participar en la guerra moderna. En el siglo XIX los Estados europeos habían intentado limitar, con considerable éxito, las víctimas civiles en sus encuentros bélicos (al menos en sus luchas entre ellos; sus acciones en las colonias eran, a menudo, completamente indiscriminadas). Con la invención de los bombardeos aéreos, sin embargo, y especialmente tras el desarrollo de las armas nucleares, la población civil se convirtió en el objetivo principal y fue la que tuvo mayor número de víctimas en las guerras entre Estados “civilizados”. Esto recuerda la observación irónica del escritor irlandés Brendan Behan (niño-soldado del IRA y “pone-bombas” en los 40): “el hombre con una bomba grande es un estadista, mientras el hombre con una bomba pequeña es un terrorista”. 

Hoy, aquellos que hacen uso, o potencialmente pueden hacerlo, de armas de destrucción masiva, más o menos grandes, podrían ser considerados terroristas si causar víctimas civiles forma parte de la definición del término. Incluso, se puede afirmar que este elemento está implícitamente asumido en el periodo de la Guerra Fría, al menos en el mundo occidental, en el que los Estados con armas nucleares describían su estrategia como: un “balance de terror”. Incluso cuando el objetivo de la estrategia fuera idealmente evitar una guerra nuclear mediante la certidumbre de una “destrucción mutua asegurada” (sí se llamaba MAD, por sus siglas en inglés), la estrategia se basaba en una disposición a usar tales espantosas armas.

Hay otro asunto que es necesario señalar: es cierto igualmente que muchos políticos, ideólogos y analistas son muy selectivos, e implicados por su propio interés, en la aplicación del término terrorista. Por ejemplo, para muchos elementos claves del “establishment” estadounidense (incluido Dick Cheney), Nelson Mandela fue un terrorista. Al igual que lo eran las muy diversas formas de la resistencia palestina ante la ocupación israelí. Aquí el cliché es que “lo que para una persona es un terrorista es, para otra, un luchador por la libertad”-o viceversa. 

Además, algunos políticos aplican el término de manera retrospectiva sobre eventos en que no lo hubieran usado unas décadas atrás: muchos políticos españoles de la izquierda pasaron de considerar a ETA un aliado (no importa cuán incómodo) en la resistencia antifranquista a tildarla de organización terrorista desde sus orígenes, en el momento en que, en los 80, se dieron cuenta de que el grupo representaba un peligro para la bisoña democracia.

Hay un fenómeno relacionado, en el cual las organizaciones e individuos que comparten las mismas aspiraciones que una organización terrorista se ven salpicadas por el fango del terrorismo. De tal manera, los partidarios de la autodeterminación en el País Vasco, desde los 80 en adelante, fueron automáticamente considerados, por la mayor parte de los medios de comunicación españoles, e incluso los tribunales, como compañeros de viaje del terrorismo, sin atender a su postura sobre la violencia. Esta teoría de “el entorno de ETA es ETA” encontró su más absurda expresión en las severas sentencias penales impuestas a miembros de un colectivo pacifista vasco a comienzos de los 2000. Su crimen consistió en defender métodos de desobediencia civil para conseguir la soberanía vasca, específicamente el uso de un carné de identidad vasco, pero fueron condenados bajo la legislación antiterrorista.

Si el espejo se gira en la otra dirección, sobre las acciones del Estado contra el terrorismo, incluidos los Estados democráticos, la miopía parece generalizarse. Lo experimenté con frecuencia mientras investigaba sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), unos escuadrones de la muerte organizados por altos cargos del gobierno español, militares y policías en los 80 para combatir a ETA. Me pareció evidente que esos escuadrones y sus jefes políticos merecían plenamente ser denominados “terroristas de Estado”. 

En una entrevista que realicé a Rafael Vera, un ex alto cargo del gobierno, más tarde condenado por su colaboración en la organización de un secuestro del GAL, me dijo que yo estaba equivocado al describir a los policías, ya encarcelados por crímenes del GAL, como terroristas. “Estos hombres no son terroristas de Estado”. Curiosamente, después de describirle una operación del GAL en la cual dos críos fueron deliberadamente tiroteados y seriamente heridos, cambió su postura, aunque debería haber conocido esta historia muy bien. “De acuerdo”, dijo, “tiene razón en este caso. Esto es terrorismo sin lugar a dudas”.

Grant Wardlaw, un académico australiano especialista en teoría sobre el terrorismo, sostiene que los escritores deberían “aplicar el término terrorismo de manera ecuánime tanto a gobiernos, grupos e individuos”. Creo que tiene razón. 

Por otro lado, existe indudablemente un razonamiento para no usar la palabra “terrorismo” en absoluto: “Si todo tipo de homicidios, secuestros, amenazas, guerras civiles, crímenes de Estado, asesinatos de organizaciones clandestinas, ejecuciones paramilitares, y demás, fueran simplemente calificadas con esos términos, sin ni siquiera usar la palabra “terrorismo”, ¿se perdería algo en la descripción del mundo real?” La cuestión es planteada por Joseba Zulaika y William A. Douglass en Terror and Taboo. Es una idea provocativa, pero la respuesta puede encontrarse en el hecho de que los autores hacen uso de la palabra a menudo a lo largo de su libro, aunque siempre con cuidadosas reservas.

***Esta entrada es una adaptación y desarrollo de asuntos planteados originalmente en:

Woodworth, Paddy (2003-01-10T22:58:59). Dirty War, Clean Hands: ETA, the GAL and Spanish Democracy, Second Edition (Yale Nota Bene) . Yale University Press. Kindle Edition.

Guerra sucia, manos limpias: ETA, el GAL y la democracia española. Barcelona, Crítica. 2002.

Traducido por Roberto Robles